Peritaje Médico en la Incapacitación Judicial: Qué Valora el Juez y Qué Debe Acreditar el Informe

Los procedimientos de modificación de la capacidad de obrar —lo que hasta 2021 se conocía como “incapacitación judicial”— se encuentran entre los más delicados del sistema jurídico porque afectan a los derechos fundamentales de personas vulnerables: personas con demencia, con discapacidad intelectual grave, con trastorno mental severo o con otras condiciones que limitan su capacidad de autogobierno.

En estos procedimientos, el informe pericial médico no es una prueba más. Es la prueba central alrededor de la cual el juez construye su resolución.

El marco jurídico tras la reforma de 2021

La Ley 8/2021, de 2 de junio, que reformó el Código Civil y la LEC en materia de discapacidad, cambió radicalmente el paradigma. Antes, el sistema giraba en torno a la “incapacitación”: una declaración judicial que privaba parcial o totalmente a la persona de su capacidad de obrar y la sustituía por una figura de representación (tutor) o asistencia (curador).

La reforma de 2021, inspirada en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eliminó ese modelo y lo sustituyó por un sistema de apoyo que parte de un principio diferente: la persona con discapacidad conserva su capacidad jurídica en todo caso; lo que puede necesitar es apoyo para ejercerla.

Las consecuencias prácticas para el perito médico son significativas:

• El informe ya no debe concluir si la persona “tiene o no capacidad” en términos absolutos.
• Debe evaluar en qué ámbitos específicos la persona necesita apoyo y en cuáles puede decidir de forma autónoma.
• Debe pronunciarse sobre si el apoyo debe ser puntual (curatela representativa solo para actos concretos), continuo o intensivo.
• La tutela —representación sustitutiva general— queda reservada para los casos de absoluta imposibilidad de autogestión.

Qué debe evaluar el informe pericial médico

El cambio de paradigma exige que el informe pericial sea mucho más granular que antes. No basta con diagnosticar “demencia moderada” o “discapacidad intelectual leve”: hay que describir qué capacidades específicas están preservadas y cuáles están afectadas.

Diagnóstico y pronóstico. La base del informe es un diagnóstico preciso con el soporte de las pruebas necesarias (neuropsicológicas, de neuroimagen, analíticas si son relevantes). El pronóstico es especialmente importante porque las medidas de apoyo deben estar calibradas a la evolución esperada: una condición progresiva (como una demencia) justifica medidas diferentes a una condición estable (como una discapacidad intelectual de origen congénito).

Capacidades preservadas. El informe debe describir explícitamente qué puede hacer la persona por sí misma: gestionar su vida cotidiana, desplazarse, comunicarse, entender información básica sobre sus circunstancias, expresar preferencias. Este inventario de capacidades es la base para que el juez establezca el alcance mínimo necesario de los apoyos.

Ámbitos donde se necesita apoyo. De forma específica: ¿puede la persona firmar contratos sin apoyo? ¿gestionar su patrimonio? ¿tomar decisiones sanitarias? ¿designar representantes? ¿votar? (El derecho de sufragio es ejercitable salvo pronunciamiento judicial expreso en contrario desde 2011.) El informe debe pronunciarse sobre cada ámbito relevante para el caso.

La capacidad de expresar voluntad y preferencias. Un elemento central del nuevo sistema es que incluso cuando la persona necesita apoyo para tomar decisiones, sus preferencias y voluntad deben ser el punto de partida. El informe debe evaluar si la persona puede expresar sus preferencias de forma reconocible, aunque no pueda tomar decisiones jurídicamente válidas sin asistencia.

El contexto familiar y de cuidados. El informe pericial no ocurre en el vacío. El perito debe tener en cuenta la red de apoyo existente —familia, cuidadores, servicios sociales— y valorar si esa red puede proporcionar el apoyo necesario de forma informal o si se necesita una figura jurídica de apoyo.

Los errores más frecuentes en pericias de incapacitación

Con el nuevo marco de la Ley 8/2021, los informes periciales elaborados con los esquemas anteriores tienen problemas serios.

Informes que concluyen en términos de “capacidad sí/no”. El marco legal ya no admite esta dicotomía. Un informe que concluye simplemente “la persona carece de capacidad para gobernarse” sin especificar en qué ámbitos y con qué intensidad no da al juez la información que necesita para establecer medidas de apoyo proporcionales.

Diagnóstico sin evaluación funcional. El diagnóstico clínico (demencia vascular, esquizofrenia, síndrome de Down) no determina por sí solo las medidas de apoyo necesarias. Dos personas con el mismo diagnóstico pueden necesitar apoyos muy diferentes según su estado funcional real. El informe pericial que solo describe el diagnóstico sin evaluar la capacidad funcional es insuficiente.

No valorar las capacidades preservadas. El sistema de apoyos exige que el perito identifique qué puede hacer la persona, no solo qué no puede. Un informe centrado exclusivamente en las limitaciones y que no describe las capacidades preservadas no permite al juez aplicar el principio de intervención mínima que exige la ley.

Ignorar la voluntad y las preferencias de la persona. El nuevo sistema exige que el apoyo facilite que la persona tome sus propias decisiones respetando su voluntad y sus preferencias. El perito debería recoger, siempre que sea posible, la opinión de la persona sobre las medidas de apoyo propuestas.

El procedimiento judicial: papel del perito designado y del perito de parte

En los procedimientos de modificación de capacidad, existe el perito judicial designado por el tribunal (cuya exploración es preceptiva por ley) y puede existir también pericia de parte aportada por quien insta el procedimiento o por la persona afectada.

La pericia judicial tiene una posición privilegiada porque el juez la encarga directamente, pero no es vinculante. Si existe una pericia de parte sólida y motivada que contradice la judicial, el juez debe valorar ambas y puede apartarse de la judicial si da razones fundadas para ello.

Esto hace que la pericia de parte en estos procedimientos tenga valor real, especialmente cuando la pericia judicial es superficial o no ha tenido en cuenta elementos clínicos relevantes.

Revisión de medidas: la pericia continuada

La Ley 8/2021 establece que las medidas de apoyo deben revisarse periódicamente. Esto significa que el peritaje médico en estos procedimientos no es un acto único: cuando las circunstancias de la persona cambian (mejoría, empeoramiento, cambio de entorno), puede ser necesario un nuevo informe pericial que justifique la modificación o el cese de las medidas establecidas.

Este aspecto transforma estos procedimientos en algo parecido a un seguimiento clínico-legal continuado, donde el informe pericial es la herramienta de actualización del estado real de la persona.

PeriaMed en los procedimientos de capacidad

Los expedientes de modificación de capacidad acumulan documentación de múltiples fuentes: informes neuropsicológicos, registros de atención especializada, informes de servicios sociales, documentación hospitalaria. PeriaMed ayuda al perito médico a organizar y analizar esa documentación de forma estructurada, identificar los elementos relevantes para la evaluación de capacidad funcional en cada ámbito y generar un informe que responde a los criterios que la Ley 8/2021 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo exigen tras la reforma.